El silencio administrativo es un mecanismo que se encarga de la protección de los ciudadanos frente a los incumplimientos de la Administración Pública a la hora de resolver los procedimientos administrativos. Se produce cuando la Administración no responde a alguno de los actos administrativos que se le hayan interpuesto.
En este artículo encontrarás:
Qué es el silencio administrativo
El silencio administrativo es definido como la estimación o desestimación táctica que la ley anuda al silencio de la Administración con respecto a la petición de un ciudadano, una vez que transcurre el plazo legalmente establecido.
El silencio administrativo se encuentra debidamente regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo al artículo 21.1 de dicha Ley, la Administración se encuentra en la obligación de dictar resolución expresa y a su notificación en todos los procedimientos, con independencia de la forma de iniciación de la que se trate.
Además, los plazos en los que la Administración debe resolver los procedimientos también aparecen regulados en los artículos 22 y 23 de esta ley, aunque en el precepto 24 figura la existencia de la figura del silencio administrativo.
Tipos de silencio administrativo
El silencio administrativo puede ser de los siguientes tipos:
Carácter tributario
La inexistencia de una resolución expresa en plazo será interpretado de acuerdo a la normativa que sea de aplicación. Para los procedimientos de aplicación de tributos y para los recursos de revisión en cuestiones tributarias, la Administración y los tribunales tendrán la obligación de pronunciarse de una manera expresa.
Silencio administrativo positivo
Cuando no hay respuesta por parte de la Administración pública y esto signifique que se permite aquello propuesto nos encontraremos con un silencio administrativo positivo. La falta de respuesta por parte de la Administración, en estos casos, se debe entender por el ciudadano como una aceptación de su petición o solicitud.
«En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.», aparece recogido en el artículo 24.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Silencio administrativo negativo
Al igual que se puede dar un silencio administrativo positivo, también puede haber un silencio administrativo negativo. Si la Administración Pública no se pronuncia, querrá decir que se rechazan los actos que hayan sido interpuestos.
En el caso del silencio administrativo negativo, el ciudadano debe entender que una vez que transcurra el plazo legal corresponde, la no respuesta equivale a un rechazo o negativo de la pretensión.
En el mismo artículo ya mencionado, es decir, en el artículo 24.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo se refleja que «El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas».
Asimismo, en el mismo artículo se indica que el sentido del silencio también se considerará desestimatorio «en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado».
Efecto del silencio administrativo
El silencio administrativo, en función de si es positivo o negativo, se considerará que tiene un efecto estimatorio o desestimatorio de cara a las personas interesadas, en función del procedimiento del que se trate.
Sin embargo, en los procedimientos que la Administración ejercite potestades sancionados, o en general, cuando haya procedimientos que son susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. Bajo este contexto, el silencio administrativo provoca que exista una caducidad del procedimiento.
Si se desea hacer un recurso contra un silencio positivo de la administración, se puede optar por:
- Recurso de alzada o de reposición
- Recurso contencioso – administrativo
- Recurso extraordinario de revisión
Si es negativo, no se podrá acudir al recurso de alzada, pero sí a las otras dos alternativas.
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