Seguro que en más de una ocasión has escuchado hablar del tráfico de influencias, que es uno de esos delitos catalogados contra la Administración Pública. Este delito consiste en que una persona que ostenta un cargo público dicta una resolución a sabiendas de su injusticia, con el claro objetivo de beneficiar al propio influenciador a un tercero.
Se trata de un delito de corrupción y es uno de los que se da con mayor frecuencia en la Administración Pública. Asimismo, se considera que es un delito especial, ya que los autores principales son los funcionarios públicos y las autoridades, donde también son partícipes los particulares.
En este artículo encontrarás:
¿Qué es el tráfico de influencias?
El tráfico de influencias es un delito en el que se manifiesta la corrupción administrativa. Este delito tiene lugar cuando una persona influye sobre un funcionario público o autoridad para que, aprovechándose de su posición emita una resolución que, de manera directa o indirecta suponga que haya un beneficio económico para él mismo o para una tercera persona.
El delito de tráfico de influencias se encuentra debidamente regulado en el Código Penal, y se establece que para que este pueda tener lugar, la acción debe ser llevada a cabo realizando una sugerencia cuyo objetivo no sea otro que el de tratar de lograr un beneficio. Esto quiere decir que el simple hecho de que haya una sugerencia no se considera suficiente como para que haya una comisión de este delito.
Es necesario que la sugerencia sea llevada a cabo por alguien que está en una situación superior a nivel jerárquico, además de ejercer una presión moral que no se corresponde con su cargo y persigue un beneficio económico.
El bien jurídico que protege el delito de tráfico de influencias es el de proteger la protección de la Administración Pública. Al considerar que es un instrumento que está al servicio de los ciudadanos, se considera que tiene que existir imparcialidad a la hora de la toma de decisiones de los funcionarios públicos.
Esto quiere decir que protege el correcto funcionamiento de la Administración Pública, tratando de lograr que no haya comportamientos que sean abusivos o corruptos.
Cómo se comete el delito de tráfico de influencias
Existen tres formas básicas por las cuáles se puede llegar a cometer un delito de tráfico de influencias, que son las siguientes:
Cuando una autoridad o funcionario público influye en otra autoridad o funcionario
En el artículo 428 del Código Penal se establecen las sanciones para aquellos funcionarios públicos o autoridades que, haciendo valer de su jerarquía, de su cargo o relación personal influya en otro funcionario o autoridad, para así conseguir una resolución que le haga disfrutar de manera directa o indirecta de un beneficio económico para él mismo o para una tercera persona.
Para este tipo de casos se impone una pena de prisión de entre seis meses y dos años, una multa del doble del beneficio que se persigue o busca obtener. Además, habrá una inhabilitación especial de 5 a 9 años para el ejercicio de cargos públicos y ejercer el derecho de sufragio posible.
En el caso de obtener perseguido, la multa se impondrá en su mitad superior. Esto se considera una modalidad agravada del tipo básico de este delito.
Cuando un particular influye en un funcionario público o autoridad
El tráfico de influencias particulares también se castiga de acuerdo a lo que figura en el artículo 429 del Código Penal. Este artículo establece que cuando un particular influye en una autoridad o funcionario publico aprovechándose de la relación personal.
Esto lo hace con la finalidad de tratar de obtener una resolución que le pueda generar un beneficio económico para él mismo o bien para una tercera persona de una manera directa o indirecta. Si se obtiene un beneficio que es perseguido nos encontraríamos ante una modalidad agravada.
La pena que es impuesta a quienes cometen prevaricación y tráfico de influencias es de pena de prisión de 6 meses a 2 años, además de una multa del doble del beneficio que se ha tratado de lograr o que se ha obtenido. Y también tendrá la prohibición de trabajar en el sector público.
El particular perderá la posibilidad de acceder a ayudas públicas o subvenciones.
Ofrecerse a a ejercer tráfico de influencia sobre funcionario público o autoridad
También se establecen sanciones para las personas que se ofrezcan a realizar cualquiera de los delitos establecidos en los artículos 428 y 429 del Código Penal. Lo cual deben hacer solicitudes a terceros de cualquier tipo de recompensa, remuneraciones, promesas, ofrecimientos…
La pena que se impone a quién comete el tráfico de influencias en España es de pena de prisión de 6 meses a un año. En el caso de que se cometa por una autoridad o funcionario público se le aplicará la anterior pena así como una inhabilitación especial entre uno y cuatro años. Esta inhabilitación será tanto para el ejercicio de cargos públicos como el sufragio pasivo.
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