• Menu
  • Menu

La acusación popular en el procedimiento penal

La acusación popular, a la que también conocemos como acción popular, despierta muchas dudas entre los ciudadanos de a pie. En muchas ocasiones se desconoce cuál es su papel y cómo llega a ser parte de los diferentes procedimientos. Para empezar hay que saber que se trata de una figura procesal que permite que en la justicia haya una participación pública.

La acusación popular en el procedimiento penal

Una vez que tenemos claro lo anterior, hay que saber que es una de las formas en las que es posible personarse en un proceso judicial siendo parte de la acusación. Las otras dos opciones que hay de hacerlo son el Ministerio Fiscal y la acusación particular, de las cuales hablaremos en otra ocasión.

En el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está reflejado que la acción penal es pública; y por este motivo cualquier ciudadano español puede recurrir a ella con independencia de que se encuentren directamente afectados por parte del hecho o delito acontecido o no. Asimismo, se encuentra regulado en el artículo 125 de la Constitución Española.

Ejercicio de la acusación popular

A la hora de poder ejercer la acusación popular debemos empezar por indicar que pueden ser sujetos de la misma cualquier persona jurídica o persona física. Lo será de manera voluntaria y será suficiente con ser ciudadanos españoles que cuenten con sus correspondientes derechos civiles.

Para poder ejercer la misma hay que tener en cuenta que no es posible haber sido condenado en dos ocasiones mediante sentencia firme por un delito de calumnia; y tampoco es posible que puedan ejercer tal rol aquellas personas que sean jueces o magistrados.

Requisitos

Aquellas personas que se encuentren interesadas en ser parte de la acusación popular en el procedimiento penal deben tener en cuenta que se deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos debemos destacar los siguientes:

  • Se debe prestar una fianza. Esta se emplea para que exista una limitación a la hora de tener acceso al procedimiento y evitar así que pueda llegar a hacerse uso de la acusación popular de una manera abusiva o con un carácter fraudulento.
  • La persona acusadora tendrá la obligación de personarse en la causa; y lo hará tras haber interpuesto una querella. Esto debe cumplir, aunque el procedimiento judicial ya haya comenzado con anterioridad.
  • Tan solo se puede utilizar en el caso de delitos públicos, es decir, aquellos que pueden ser perseguibles de oficio. La finalidad es que se busque la defensa de la sociedad y de la propia legalidad. De esta forma, la acusación popular no puede formar parte de delitos privados, ni tampoco puede hacer lo propio en el caso de que nos encontremos ante procesos penales militares.
  • Para ejercer la acusación popular se tiene que iniciar antes de la apertura del juicio oral. Además, en este caso es necesario que se realice la correspondiente identificación de los hechos y al acusado.
  • Se debe comparecer con abogado y letrado; y en este caso no es posible que se le asigne un abogado de oficio para poder ejercer como acusación popular.

Ventajas y desventajas de la acusación popular

De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta las ventajas y desventajas de la acusación popular.

Ventajas

Comenzando por las ventajas, hay que tener en cuenta que se cuenta con una plenitud de actuación, pudiendo proponer así diligencias de investigación y prueba; y también ser parte de las diferentes fases del procedimiento e interponer recursos en el caso de que se considere necesario, entre otros.

En el artículo 113 de LECrim se recoge la posibilidad de que diferentes acusaciones puedan actuar con la misma defensa y representación; y esto hace que se pueda beneficiar de una reducción de costes en lo que respecta a los honorarios de procuradores y letrados.

Asimismo, supone la posibilidad de ser parte de aquellos procedimientos en los que, presumiblemente, no les une ninguna conexión.

Desventajas

Las desventajas de la acusación popular son varias. Para empezar, es necesario depositar una fianza para poder participar en la acusación particular. Desde el Tribunal Constitucional se ha indicado en diferentes ocasiones que es constitucional, entendiendo que no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.

Otra de las desventajas es que no  se puede disfrutar del derecho a la asistencia jurídica gratuita. De esta forma habrá que abonar los gastos de los honorarios de letrado y procurador, sin poder recurrir a la justicia gratuita que permitiría llevar a cabo este proceso sin coste.

A ello hay que sumar que ni la Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor ni la Ley Procesal Militar, admiten la intervención de acusación popular en los procedimientos. A ello hay que sumar que existen una serie de limitaciones para el procedimiento abreviado, ya que en la fase preparatoria del Juicio Oral, si las partes acusadoras no solicitan que se abra esta fase, el juez tendrá que acordar el sobreseimiento del procedimiento.

Etiquetas:
Categorías:

¿Alguna duda? Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *