¿Qué es la incapacitación judicial?

El proceso de incapacitación judicial es uno de los de mayor relevancia del ordenamiento jurídico español. Es importante saber que todas las partes implicadas sean siempre conscientes del alcance de estas, unos proceso en los que los letrados deben tener una gran sensibilidad. Esto es debido a que los implicados en estos procesos son muchos, siendo habitual que se trata de familias enteras.

Qué es la incapacitación judicial

La incapacitación judicial es un procedimiento jurídico que tiene lugar en aquellos casos en los que una persona, a causa de deficiencias psíquicas o físicas, o por enfermedad, no tiene la posibilidad de gobernarse por ella misma; y por ello se busca la protección de sus intereses, tanto a nivel patrimonial como personal.

Requisitos para una incapacitación judicial

Para que pueda haber lugar a una incapacitación judicial deben darse estos requisitos:

1. Deficiencia o ausencia de autogobierno por parte de la persona, con imposibilidad o sin facilidad para que pueda llegar a existir un entendimiento entre las partes.
2. Que la deficiencia o enfermedad que impide el autogobierno persista en el tiempo. Aunque no debe ser necesariamente incurable, se tiene en cuenta siempre que esta enfermedad tenga continuidad, duración o permanencia.

Niveles de incapacitación

A la hora de hablar de niveles de incapacitación de una persona nos podemos encontrar con dos grados:

• Incapacidad parcial: Son aquellas personas que suponen un menor grado de protección sobre la toma de decisiones de la persona afectada. Para ello se recurre a la figura letal de la curatela.
• Incapacidad total: En esta categoría se engloba a aquellas personas que tienen una nula capacidad para poder autogobernarse en los diferentes aspectos de su vida. En este caso, la figura legal que respalda sus derechos es la tutela.

Tipos de incapacitación

Los tipos de incapacitación son los mismos que los niveles de incapacitación. Por lo tanto, puede ser parcial o total. Entre las enfermedades que se pueden relacionado con una incapacitación se encuentran la esquizofrenia; Alzheimer; demencia; discapacidad; síndrome de Down; trastorno bipolar; alcoholismo; demencia senil; ludopatía; y depresión.

Procedimiento para conseguir la incapacitación legal

Para conseguir una incapacitación judicial es necesario empezar por interponer una demanda de incapacitación ante el juzgado competente para ello. Es necesario que se cuente con el asesoramiento de un equipo jurídico especializado.

La demanda debe ser interpuesta con procurador y abogado; y además debe ir acompañada de informes psicológicos, médicos y sociales que puedan justificar la necesidad de llevar a cabo este procedimiento.

Una vez que se presenta la demanda, el demandado tiene un plazo de 20 días para poder contestar a la misma, teniendo la posibilidad de oponerse. En el caso de que sea el Ministerio Fiscal quién se encargue de promover la incapacitación, será el juez el que asigne a un defensor judicial. La duración del procedimiento varía de la situación de cada caso y la carga del Juzgado en ese momento.

Tipos de protección para incapacitados

Entre los diferentes tipos de protección existente para una persona incapacitada se encuentran las siguientes:

• Tutela: Es la principal institución para proteger a las personas incapacitadas a nivel general en lo personal y patrimonial. Es la figura con mayor restricciones, pero también la que supone un mayor número de obligaciones.
• Curatela: La función de esta figura jurídica no se basa en en sustituir totalmente la capacidad de esa persona, sino que se encarga de completar la capacidad del incapacitado en aquellos aspectos que el juez considere oportunos. Por lo general, se trata de un complemento de capacidad en lo referente al plano patrimonial de la persona incapacitada.
• Defensor judicial: Es una figura temporal, cuya importancia es clave dentro del ordenamiento jurídico español a causa de su gran repercusión a nivel social. El defensor judicial es una persona nombrada por el juez en aquellos casos en los que la persona necesita de un tutor de forma urgente y en el plazo determinado para designar al tutor, curador, administrador patrimonial sufre un retraso por la existencia de conflictos de intereses.

  Su figura es fundamental para que la persona incapacitada se encuentre con asistencia en todo momento. De esta manera no sufrirá las consecuencias de su incapacidad en diferentes aspectos.

• Administrador patrimonial: La función del administrador patrimonial es la de encargarse de la gestión y administración del patrimonio de la persona que ha sido incapacitada de manera judicial. En la incapacitación judicial se puede suponer el nombramiento de un curador o tutor, pero este no dispone de los deberes relativos a la gestión patrimonial.

  Esta figura que contempla el ordenamiento jurídico español, aparece en los casos en los que se presente un conflicto directo entre los intereses patrimoniales y los económicos del incapacitado y aquella persona que va a ser designada como tutor o curador. De esta manera se trata de proteger, de nuevo, los intereses del incapacitado con esta designación.

 

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