Qué es la malversación

El delito de malversación acostumbra a generar muchas dudas con respecto al mismo, por lo que conviene aclarar en qué consiste para poder conocer sus consecuencias. Para empezar, se debe indicar que se trata de un delito de administración desleal o apropiación indebida que solo puede ser cometido por una autoridad o funcionario.

De esta manera, la malversación tiene lugar cuando estos sujetos se encargan de la alteración del patrimonio público; y para ello emplean las actividades que son castigadas por el artículo 252 del Código Penal; y que consisten en infringir o excederse en el ejercicio de las actividades que les son indicadas por la ley.

En este artículo encontrarás:

Especialidades del delito de malversación

Las especialidades del delito de malversación en lo que respecta a la administración desleal y la apropiación indebida son los siguientes:

Solo puede ser una autoridad o funcionario público

Por autoridad, el Código Penal entiende a aquel miembro de algún tipo de tribunal, órgano colegiado o corporación que tenga mando o ejerza jurisdicción propia. Por funcionario público, el CP hace referencia a todos aquellos que, por disposición inmediata de la ley o por nombramiento de autoridad competente se encargue de participar en el ejercicio de las funciones públicas.

Asimismo, en el artículo 427 del Código Penal indica un listado de profesionales de la Unión Europea a los cuales se les puede aplicar las disposiciones acerca de la malversación.

Objeto material del delito es el patrimonio público

Esto supone que la administración desleal o la apropiación indebida deben recaer sobre el patrimonio público; y se entiende que el concepto se refiere a todas aquellas partidas presupuestarias que son asignadas a los diferentes departamentos gubernamentales para poder ejecutar que procede del proceso de gasto público.

Regulación de los delitos de malversación

Para saber cómo se trata un delito de malversación se debe recurrir a los artículos 432 a 345 bis del Código Penal. En el artículo 432 del mismo se establece que la autoridad o funcionario público que cometa el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público tendrá un castigo de pena de prisión de 2 a 6 años; inhabilitación especial para el cargo o empleo público; y también para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 6 a 10 años.

Asimismo, se indica que la misma pena se impondrá a la autoridad o funcionario público que cometa el delito de malversación que figura en el artículo 253 sobre el patrimonio público.

Agravación de la pena de un delito de malversación

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el tercer apartado del artículo 432 del Código Penal se indica el incremento de la pena del tipo básico de la siguiente manera:

Serán impuestas penas de prisión de 4 a 8 años así como la inhabilitación absoluta de 10 a 20 años cuando los hechos a los que se refiere en los apartados anteriores se den cuando se haya causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público; así como cuando el valor del perjuicio provocado o de los efectos o bienes apropiados se encuentre por encima de los 50.00 euros.

En aquellas ocasiones en las que el valor del perjuicio causado o de los efectos o bienes apropiados exceda de los 250.00 euros, la pena será impuesta en su mitad superior, pudiendo llegar a alcanzarse la superior en grado.

Atenuantes de la pena en un delito de malversación

La pena a aplicar cuando tiene lugar un delito de malversación se podrá reducir cuando la cuantía de lo sustraído sea inferior a los 4.000 euros. En este tipo de casos se establece que la pena será de multa de 2 a 4 meses; prisión de 6 meses a 3 años; y suspensión de empleo y cargo público por un tiempo de hasta 3 años.

Tipos de malversación

Existen dos conductas de carácter doloso con las cuales es posible que se cometa este tipo de delito, que son las siguientes:

Malversación apropiativa. Esta tiene lugar cuando la autoridad o el funcionario se encarga de llevar a cabo la gestión de los diferentes recursos públicos que tiene a su alcance en función de sus propios intereses; y de esta forma decide integrarlos en su patrimonio.
Malversación de uso. Por su parte, se produce en aquellos momentos en el que la autoridad o funcionario desvía los recursos públicos del fin apropiado.