Las normas con rango de ley son normas reglamentarias como el Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo. Los Reales Decreto Ley se diferencian de las leyes en que en ese caso están promulgadas por parte del Gobierno y no del Parlamento. La diferencia existente entre ambas es que el Real Decreto Ley es dictada por el Gobierno en en aquellos casos en los que existe una necesidad urgente.
Hay que tener en cuenta que el diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ asegura que ley es aquella «norma que se dicta por las Cortes o el Parlamento, aprobada con ese nombre y en el que se sigue el procedimiento legislativo que se establece por parte de los reglamentos de las Cámaras, que contiene los mandatos y que ocupa una posición a nivel jerárquico inferior a la Constitución pero superior al resto de normas«.
Las leyes pueden ser ordinarias u orgánicas, pero en la Constitución se reconocen las dos ya mencionadas normas con fuerza ley, que se trata de de textos normativos que proceden del marco ejecutivo y no les legislativo, por lo que no pueden ser consideradas formalmente leyes, aunque puedan contar con unos atributos similares en lo que se refiere a su jerarquía normativa.
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Decreto – Ley
Es aquella norma con rango de Ley y de carácter provisional que se dicta por parte del Gobierno ante una circunstancia urgente y extraordinaria.
Esta viene dada por la imposibilidad de dar una solución a tiempo para una situación en particular siguiendo el procedimiento establecido legalmente. Se encuentra sometido al control de constitucionalidad y existen diferentes materias excluidas de regulación por medio del Decreto-Ley.
Es una norma con rango de ley que es emanada del poder ejecutivo, sin que tenga que mediar para ello la autorización previa o la intervención del Parlamento o Congreso.
Este tipo de norma puede encontrarse contemplada dentro del ordenamiento jurídico español para poder ser dictada en casos particulares, como por ejemplo en virtud de razones de urgencia. No obstante, requiere de convalidación por parte del poder legislativo, y habitualmente en un plazo breve.
En aquellos países como España, donde la gorma de gobierno es la monarquía parlamentaria, esta norma recibe el nombre de Real Decreto Ley. Esto se debe a que la norma reglamentaria de mayor rango emitido por el poder ejecutivo recibe el nombre de Real Decreto. De igual forma, se llama decreto ley a las normas con rango legal que son dictadas por el Gobierno de facto.
Hay que tener en cuenta que esta norma posee validez mientras esté pendiente de plazo de convalidación en el primer sentido del término, que va desde los 10 días hasta los 45 días según las legislaciones. En España se encuentra regulado por el artículo 86 de la Constitución.
En este artículo se indica que estos decretos ley no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a las libertades, deberes y derechos de los ciudadanos. Y tampoco al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho Electoral General.
El Decreto – Ley, en España, tiene tres límites, que son los siguientes:
- Materiales: Acerca del contenido de la norma.
- Temporales: Provocando el fin del Decreto-Ley o la conversión en Ley.
- Circunstanciales: Sobre el hecho que provoca el nacimiento del Decreto Ley, que es cuando el Gobierno considera que un hecho es de necesidad urgente.
Decreto Legislativo
Norma con rango de Ley que se dicta por el Gobierno en virtud de una delegación por parte de las Cortes Generales. Se trata de una norma jurídica con rango de ley emanada del poder ejecutivo en virtud de la delegación efectuada por el poder legislativo. En España se encuentra regulado en el artículo 82 de la Constitución Española.
La técnica del Decreto legislativo tiene su función en diferentes ámbitos, como son los siguientes:
- La elaboración de textos artículados, debiendo aprobar de manera previa el Congreso o Parlamento, una Ley Delegatoria o Ley de Bases que se utiliza como marca de referencia y límite.
- La elaboración de textos refundidos de diferentes leyes. De esta manera se favorece que haya una compilación en un solo cuerpo legal de diferentes normas jurídicas que se encuentren dispersas. Estas normas son dictadas de manera autónoma, sin que sea necesario que haya una aprobación previa por parte del Parlamento o Congreso.
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