El procedimiento abreviado es un proceso penal especial, con el cual se busca agilizar tanto la instrucción como el enjuiciamiento y el fallo de determinados delitos. Se emplea para aquellas infracciones que tienen una pena de prisión inferior a 9 años, u otras penas no privativas de libertad. Se encuentra regulado en el artículo 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
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Objetivo del procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado se emplea para enjuiciar aquellos delitos que se encuentran castigados, como ya hemos mencionado, con una pena de prisión inferior a 9 años; o bien aquellos cuyas penas sean de diferente naturaleza y sean conjuntas, únicas o alternativas, independientemente de su duración o cuantía; y que requieren de que se practiquen diligencias durante la fase de instrucción. De esta forma, su objetivo es agilizar los trámites.
Es importante saber que a la hora de hablar del procedimiento abreviado, este no se debe confundir con el juicio rápido. Una de las muchas diferencias que hay entre ambos es que en estos últimos se aplican aquellos delitos en los que presumiblemente la instrucción será sencilla.
Características del procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado tiene una serie de características que nos ayudan a diferenciarlo del procedimiento común. Son las siguientes:
- Procedimiento más ágil. En el procedimiento abreviado son de aplicación algunos trámites y medidas para poder acortar los plazos. Entre ellos se sitúan:
- Tratamiento ágil de cuestiones de competencia.
- Plazo máximo de suspensión del procedimiento de 30 días.
- Solicitud de auxilio judicial al funcionario, autoridad o juez por la vía más rápida.
- Enjuiciamiento de delitos conexos por separado en aquellos casos en los que haya determinados elementos que puedan justificar su independencia.
- Posibilidad de celebrar el juicio oral en ausencia del acusado en aquellos casos en los que la pena de prisión solicitada tenga una duración inferior a 2 años.
- Refuerza las garantías de las víctimas y del investigado. El Ministerio Fiscal se encargará de proteger los derechos de la víctima, perjudicado u ofendido, aunque también deberá velar por las garantías del investigado. Para ello podría adoptar determinadas medidas cautelares.
- Funciones del Ministerio Fiscal y Policía Judicial. En el proceso penal mediante un procedimiento abreviado tanto el Ministerio Fiscal como la Policía Judicial tienen más protagonismo. De esta manera, esta última tendrá que llevar a cabo determinadas diligencias de investigación, además del descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Además, se amplían las facultades del Ministerio Fiscal.
Fases del procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado se divide en un total de cuatro fases:
Apertura de diligencias
Las diligencias informativas tienen lugar durante la primera fase, la de la investigación preliminar, que tiene lugar en el momento en el que se comunica o es detectada la comisión de un hecho delictivo.
En esta fase es el Ministerio Fiscal el que se encarga de contactar con la víctima, además de practicar las correspondientes diligencias para comprobar los hechos delictivos y las correspondientes responsabilidades.
Fase de instrucción preparatoria o diligencias previas
La fase de instrucción o diligencias previas corresponden al juez de instrucción. A través de estas se busca recabar la información sobre los hechos y llevar a cabo la acusación.
El juez de instrucción tiene limitada su función por la agilización del proceso, pero aún así puede tomar decisiones sobre medidas preventivas de conservación de las fuentes asistenciales, cautelares o probatorias. El juez tendrá que adoptar, mediante auto, un sobreseimiento, continuación del proceso o inhibición a favor del hogar órgano competente.
Preparación del juicio oral
Tras las dos primeras fases llega el momento de esta fase intermedia, que es la preparación del juicio oral. El juez de instrucción tendrá que determinar y decidir si es necesaria o no la apertura del juicio oral; y en su caso tendrá que fijar el procedimiento adecuado y el órgano competente para el enjuiciamiento.
El Ministerio Fiscal y las acusaciones tiene un plazo de 10 días para presentar el escrito de acusación. El acusado cuenta con un plazo de diez días para interponer su escrito de defensa o su conformidad.
Juicio oral
Finalmente llegaremos a la cuarta y última fase, que es el juicio oral. Esta última fase se desarrolla ante el juez o tribunal competente, donde el juez se encarga de analizar las actuaciones; y además examina las pruebas propuestas para admitirlas o rechazarlas.
Después, las partes son notificadas para que compadezcan con su representante. En el juicio oral son expuestos tanto el escrito de defensa como el escrito de acusación; y las partes pueden emplear su turno de intervenciones para aprovecharlas y así indicar aquello que consideran oportuno.
El juicio oral finaliza tras la práctica de las pruebas y las alegaciones finales. Tras estas, el juez contará con un plazo de 5 días para emitir una sentencia.
De esta forma, se consiguen agilizar en gran medida los trámites con respecto al resto de procedimientos, por lo que es muy útil.
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